GUAYAQUIL NO SE NEGOCIA: LA AUTONOMÍA AEROPORTUARIA Y EL LEGADO QUE NOS DEFINE

A quienes desde el poder central impulsan esta maniobra, les decimos con la serenidad de quien defiende lo justo: Guayaquil no se negocia. Ni su aeropuerto, ni sus recursos, ni su futuro.

Quienes crecimos en Guayaquil sabemos lo que significa la palabra abandono. No hace falta recurrir a los libros de historia para recordar lo que era nuestra ciudad antes de que un puñado de líderes decidiera que el destino de los guayaquileños debía construirse desde Guayaquil y no desde un escritorio en Quito. Lo vivimos. Lo padecimos. Y lo superamos.

El aeropuerto José Joaquín de Olmedo es, quizás, el símbolo más elocuente de esa transformación. Antes de que el Municipio asumiera su gestión, era una terminal que avergonzaba a propios y extranjeros: instalaciones deterioradas, servicios deplorables y una administración central que miraba hacia otro lado mientras Guayaquil se quedaba atrás. Fue gracias a la visión de Jaime Nebot y a la tenacidad institucional del Partido Social Cristiano que, en 2006, se logró lo que muchos creían imposible: arrebatar esa competencia al centralismo y demostrar que los guayaquileños podíamos administrar nuestros propios recursos con eficiencia, transparencia y resultados.

Y los resultados hablan solos. En menos de dos décadas, aquel aeropuerto olvidado se convirtió en una terminal premiada internacionalmente, reconocida varias veces como la mejor de su categoría en Sudamérica. Hoy genera más de treinta millones de dólares anuales para la ciudad. La Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil ha acumulado un fideicomiso que ronda los cuatrocientos millones de dólares, destinados a la construcción del nuevo aeropuerto de Daular, un proyecto que representará un salto histórico para la conectividad y el desarrollo económico de toda la región. Y todo esto, como bien señala el comunicado de la Directiva Nacional del PSC, sin que le haya costado un solo centavo al Gobierno Central.

La amenaza del centralismo disfrazado de legalidad

El pasado 4 de marzo, el Ministerio de Infraestructura y Transporte envió un oficio a la Autoridad Aeroportuaria exigiendo una reforma integral de sus estatutos en un plazo de cinco días. La pretensión es clara y alarmante: que la mitad del directorio de la AAG sea designada por el Gobierno Nacional, con voto dirimente del Ministerio. En la práctica, esto significa el control total del Estado central sobre una fundación que es, ha sido y debe seguir siendo municipal.

El argumento jurídico que esgrime el Gobierno se apoya en una interpretación expansiva del artículo 261 de la Constitución, que atribuye al Estado competencia exclusiva sobre puertos y aeropuertos. Pero hay una diferencia fundamental —y deliberadamente ignorada— entre la rectoría y la gestión. La propia Constitución reconoce la gestión delegada como un mecanismo legítimo. Lo que hoy tenemos en Guayaquil no es una anomalía: es el resultado de un modelo que funciona, que ha sido validado por los hechos y que respeta el principio de descentralización que la propia Carta Magna consagra.

Como bien advirtió la concejal Ana Choez, estamos ante una posible extralimitación administrativa. Una cosa es que el Gobierno central ejerza su rol de regulación y control sobre la actividad aeroportuaria —algo que nadie cuestiona— y otra muy distinta es que pretenda apoderarse de la estructura administrativa y de los recursos que Guayaquil ha generado con esfuerzo propio.

Si el Gobierno logra despojar a Guayaquil de su competencia aeroportuaria, ¿qué impedirá que mañana haga lo mismo con Bomberos, con el Registro Civil, con el Registro de la Propiedad, con Agua Potable, con Tránsito?

Lo que realmente está en juego

No nos engañemos: lo que está detrás de esta maniobra no es un afán de eficiencia institucional. Es el fideicomiso. Son los casi cuatrocientos millones de dólares que Guayaquil ha sabido ahorrar y administrar para construir su futuro aeroportuario. Es el control sobre una de las infraestructuras más rentables del país. Y es, sobre todo, un precedente devastador.

Si el Gobierno logra despojar a Guayaquil de su competencia aeroportuaria, ¿qué impedirá que mañana haga lo mismo con Bomberos, con el Registro Civil, con el Registro de la Propiedad, con Agua Potable, con Tránsito? La Directiva Nacional del PSC lo ha dicho con claridad meridiana: ningún mal alcalde justifica este atropello. Porque la autonomía no es un privilegio concedido por la buena voluntad de un gobierno de turno; es un derecho conquistado, y defenderlo es una obligación que trasciende las circunstancias políticas del momento.

El legado que no podemos traicionar

Hablar de la autonomía de Guayaquil es hablar de León Febres-Cordero y de Jaime Nebot. Fue León quien sembró la idea de que Guayaquil podía y debía gobernarse a sí misma, quien enfrentó al centralismo cuando hacerlo tenía un costo político enorme, y quien sentó las bases de una ciudad que dejaría de mendigar migajas al poder central. Nebot tomó esa antorcha y la convirtió en obra: la regeneración urbana, la Metrovía, el Malecón 2000 y, desde luego, la transformación del aeropuerto. Cada una de esas conquistas fue posible porque hubo líderes que entendieron que la descentralización era más que un capricho ideológico, era una necesidad práctica, una cuestión de dignidad.

Quienes caminamos por el Malecón recordando lo que antes era un muro de olvido, quienes volamos desde un aeropuerto que hoy nos enorgullece, quienes vimos cómo barrios enteros pasaron de la oscuridad al progreso, tenemos una deuda con ese legado. Y esa deuda se paga defendiéndolo. No con violencia ni con estridencia, sino con firmeza institucional, con argumentos sólidos y con la convicción de que lo que Guayaquil construyó le pertenece a Guayaquil.

Un momento que exige unidad y coraje

El momento es particularmente delicado. Con un alcalde privado de su libertad y una alcaldesa subrogante que enfrenta presiones inéditas, el riesgo de que Guayaquil ceda ante la embestida centralista es real. El Gobierno lo sabe, y por eso actúa con la urgencia de quien aprovecha la debilidad ajena: un plazo de cinco días para reformar estatutos que tomaron años en consolidarse es, en sí mismo, una señal de la arbitrariedad con la que se pretende operar.

Pero Guayaquil no es un hombre ni una mujer. Es una ciudad con memoria, con instituciones y con una ciudadanía que no ha olvidado lo que costó llegar hasta aquí. La defensa de la autonomía aeroportuaria no puede depender de la voluntad de un solo funcionario: debe ser un mandato colectivo, un compromiso cívico que convoque a concejales, a gremios, a la academia y, sobre todo, a cada guayaquileño que entiende que el progreso de su ciudad no puede quedar a merced de cálculos políticos ajenos.

Guayaquil no se negocia

Sería inconcebible —y merecedor del más severo rechazo ciudadano— que el Municipio de Guayaquil se preste a dar paso a una situación que perjudicará los intereses de la ciudad que representa. No se trata de una disputa partidista ni de una pugna entre políticos: se trata de la autonomía de más de tres millones de personas que merecen que sus recursos se administren donde se generan y por quienes rinden cuentas directamente ante ellos.

El aeropuerto de Guayaquil es la prueba viviente de que cuando una ciudad asume su destino con responsabilidad, los resultados superan cualquier promesa centralista. Entregarlo sería traicionar décadas de lucha, desperdiciar un modelo de gestión ejemplar y abrir la puerta para que el Gobierno, bajo el mismo mecanismo, vacíe de contenido la autonomía municipal pieza por pieza.

A quienes desde el poder central impulsan esta maniobra, les decimos con la serenidad de quien defiende lo justo: Guayaquil no se negocia. Ni su aeropuerto, ni sus recursos, ni su futuro.

Autor: Estefanía Concha Crespo

Politóloga

Jefe de Acción Política de las Juventudes Socialcristianas